Dominicana y su saturación impositiva…

NEIBA PROVINCIA BAHORUCO, REPUBLICA DOMINICANA.12 DE JUNIO 2016.
POR JOSE ANTONIO MATOS PEÑA.

El pueblo dominicano se gasta el sistema de gobierno de mayor costo que podemos encontrar en la región, y compite con los más caros del mundo, si es que se encuentra un país con los niveles impositivos nuestros versus la devolución a los pobladores en bienes, servicios y políticas que garanticen una vida digna, y esperanzas futuras a las próximas generaciones.

Podemos decir que la calidad del gasto público debe ser el principal renglón llevado a los pactos, compromisos y promesas electorales a exhibir como bandera de lucha en el venidero certamen electoral, año 2016.

La corrupción administrativa, los altos niveles de impunidad, la prevaricación, la prebenda forzada por los procedimientos burocráticos impuestos en la cosa pública, el anquilosamiento del tren burocrático en los diferentes estamentos de servicios del estado, más todo tipo de mala práctica y falta de revisión y mejoramiento de los sistemas gubernamentales inciden en la onerosidad del costo público sobre el dominicano en sentido general.

Los niveles de presión fiscal, con que se nombra esta especie en materia económica, no llega a los niveles que quisieran algunos, que cual vaca, quisieran sacarle más leche a la Res nacional, sin que se puntualicen impuestos inmediatos, y al decir nuestro, Medalaganarios con que se manejan los combustibles, que son dignos de indignación popular, involucrados semiformalmente para ser objetos de amortización de préstamos de esas mismas naturalezas. 

Diferentes ejemplos se encuentran en la vida diaria, dejándonos estupefactos y sintiéndonos estúpidos como ciudadanos y pueblo, al parecer, carentes de la mínima inteligencia colectiva.El ejemplo más reciente de nuevas cargas al que somete este carísimo estado, lo vivimos ayer, nueva para nosotros, así como onerosa, cuando al participar en todo el doloroso trámite burocrático por el cambio de propietario de un vehículo de motor, por una parte, el propietario nuevo tiene que hacer la ineludible verificación en el llamado Plan Piloto, donde por todos los medios, después de tiempo y martirio termina con un costo de los más de mil Pesos, más adelante, por encima de lo que cueste el acto notarial de compra del vehículo, el pobre propietario nuevo debe someterse al infinito suplicio de un proceso de verificación y autenticación, agrego yo, de la firma notarial del profesional de fe pública en esos menesteres, previo a esto, ò luego del usuario ir a la procuraduría y enterarse de este requisito, sale a una terminal del banco de reservas a pagar los increíbles seiscientos pesos por este concepto, para luego enfilarse a su suerte y constipación de las oficinas del DGII a participar en un largo proceso, de pasar al pago de un dos por ciento del valor del vehículo, valor que no es tomado en cuenta por lo que el nuevo dueño lo obtuvo, sino que es producto de una tabulación interna de la institución, con la que te sentencia a pagar lo que el producto matemático de esos factores les arroja, y terminar después de una larga espera, con la fe de que no te salga otro imprevisto, como al efecto ocurrió en el día de ayer con un coterráneo de Villa Jaragua, que después del día entero de espera y burocracia, pasadas las 5 de la tarde se le notificó que el certificado del Plan Piloto había vencido el día anterior.

 

Debo reconocer que los empleados con que nos encontramos en el recorrido de ayer, sobre todo, en la DGII y en la Procuraduría general, fueron correctos y nos sentimos complacidos, lo que indica que quien nos defrauda son los de mayor jerarquía y su deficientes políticas administrativas, de modo tal, que la fiebre no está en la sábana, son los mecanismos y políticas lo que tiene que cambiar.

Este estado nuestro tiene que cambiar, este nuestro estado tiene que cambiar para bien, el dominicano debe ser dejado de agredir por estos entuertos y mayores costos, pero también el costo público debe girar trescientos sesenta grados, solo con pensar que nuestro estado alberga una clase gobernante y de privilegios tales que tan solo un funcionario público devenga un salario equivalente a alrededor de 400 sueldos mínimos, que equivale a decir la entrada económica de 400 hogares nuestros, es mucho para reaccionar, siendo conservadores en este cálculo de referencia y de casos en el estado, podemos citar lo más reciente, el Ministerio de Energía y Minas y su primer y único incumbente, uno de los Vinchos, probablemente el más comedido, a quien su predecesor le destapa una olla de grillos en la que el déficit en la disponibilidad de recursos ò el aparente gasto alegre de los bienes del estado dan la nota discordante con una familia que lo ha criticado todo, pero todo lo de los gobiernos que no sean los de Trujillo, Balaguer y los de Leonel, ¡qué les parece!...